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España: Entre el duelo y las protestas por mejores viviendas

España hoy está sumida en el luto a raíz de la tragedia que dejó el choque de dos trenes provocando al menos 69 personas muertas y decenas de heridos, además de varios que aún permanecen desaparecidos.

España hoy está sumida en el luto a raíz de la tragedia que dejó el choque de dos trenes provocando al menos 69 personas muertas y decenas de heridos, además de varios que aún permanecen desaparecidos. Entre las víctimas se cuenta a una exministra del gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, cuyo cuerpo debió ser sacado de entre los fierros retorcidos que dejó la fatal colisión ocurrida el miércoles en la localidad de Urda, Toledo, a unos 140 kilómetros al sur de la capital, Madrid.El drama apunta a un fallo humano en la comunicación entre la central del sistema de ferrocarriles que ordenó el uso de una vía de alta velocidad.

El caso está siendo investigado por las autoridades mientras el rey Felipe VI se sumó a la demanda de exigir respuestas y también responsabilidades por este hecho. El accidente viene a extender un manto de pesimismo en el ánimo de los españoles que deberán acudir a las urnas de manera anticipada el próximo 29 de noviembre.

Al adelanto de la votación se debe a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicó al jefe del estado, el rey Felipe, la decisión de disolver las Cortes Generales (Parlamento) debido al rechazo del Congreso de los Diputados a convalidar los decretos en materia de vivienda que vive una verdadera crisis y que está provocando una serie de manifestaciones en el país.

La demanda de acceso a la vivienda digna y a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores es parte de la consigna que derivó en el llamado a huelga general para el próximo 11 de noviembre convocada por las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Durante décadas en España se impulsó la compra de una vivienda por sobre el alquiler. El modelo terminó por caer a raíz de la crisis económica de 2008 que generó un ajuste de las condiciones de los bancos para el financiamiento de las hipotecas, endureciendo los términos y provocando que muchos españoles se quedaran sin acceso a un techo para vivir.

Este verdadero remezón para la estructura económica y social de los españoles se vio aún más profundizada en el gobierno del derechista Mariano Rajoy (2011-2017), quien impulsó una serie de reformas legales que atizaron los problemas para acceder a una vivienda.

Por ejemplo, en su mandato se puso fin al subsidio para la compra de vivienda y también se ajustaron los términos legales para la renta de un inmueble, pasando de contratos de cinco a tres años y renovaciones automáticas de tres a un año. Esto permitió a los dueños de las viviendas a determinar subidas de precio de la renta en periodos más cortos lo que terminaba por colocar una nueva cuota de incertidumbre a los arrendadores.

Todo este cóctel llevó a que se produjera un fuerte y sostenido incremento del valor de los alquileres, así como una escasa disponibilidad de viviendas en los centros urbanos donde se concentra mayoritariamente la población española, como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, donde están precisamente los precios de arriendo más caros, mientras en las localidades interiores con menos dinamismo económico se evidencia una caída de la población y viviendas más baratas.

Frente a este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez había propuesto modificaciones a través de un decreto que cuando fue sometido a la Cámara de los Diputados fue rechazado por la derecha y por la formación autonómica Junts per Catalunya.

Las medidas del Ejecutivo proponían reponer los subsidios para las familias y los jóvenes para que pudieran acceder a su primera vivienda, así como entregar nuevos recursos para el sector y dinamizar la construcción de unas 15 mil viviendas por año. Sin embargo, los diputados del Partido Popular, el ultraderechista Vox, UPN y el ya mencionado Junts per Catalunya, rechazaron las iniciativas, criticando la falta de participación de los consejos autonómicos y de certeza jurídica para los propietarios, además de cuestionar los recursos que el Ejecutivo estaba comprometiendo en este paquete de medidas.

Mientras, los españoles siguen viendo cómo el salario real se mantiene en la última década, teniendo que destinar hasta un 50 por ciento de sus ingresos para pagar el alquiler.

A esto se suma el incremento del costo de la vida en general no sólo para los españoles, sino que también en la mayoría de las naciones europeas que han visto en los últimos meses manifestaciones populares en varias de sus principales ciudades, entre ellas Barcelona y Milán, así como en Serbia y Francia donde se suman las demandas estudiantiles por los serios problemas de infraestructura de los establecimientos públicos.

«Martín San Francisco»